Resumen

En el año 2009, se inicia en Costa Rica la ejecución de la reforma del sistema de promoción escolar en secundaria, aprobado en el año 2008 por el Consejo Superior de Educación: la persona estudiante que reprueba asignaturas, tiene el deber de matricularlas en un próximo año escolar, pero el derecho de cursar materias del siguiente nivel (para las cuales ya aprobó el requisito). Este artículo es producto de una investigación en la que se analizan los criterios de actores de un centro educativo, respecto a las repercusiones de la política pública en la práctica, sus aspectos positivos y negativos, y de la concepción general de la política, a partir de su vigencia. En total, se entrevistan 66 personas: 25 estudiantes que adelantan cursos, 25 docentes, 12 estudiantes de alto rendimiento académico y cuatro dirigentes gremiales. Entre otros aspectos, se concluye que se ha generado una alta complejidad académico-administrativa con repercusiones académicas no deseadas; esto implica que la alta legitimidad inicial de la política ‒considerada como justa‒ esté en entredicho por las sensibles consecuencias negativas de su ejecución.