Resumen

A partir de los escandalosos casos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)-Fischel e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)-Alcatel, se reflexiona sobre las condiciones socio-institucionales que pueden facilitar la corrupción en las compras estatales de bienes y servicios al sector privado. Se intenta responder a tres preguntas centrales: ¿quiénes tomaron las principales decisiones?, ¿cómo decidieron? y ¿ante quiénes respondían por esas decisiones? Se concluye que un pequeño grupo de políticos y altos jerarcas públicos tomaron las decisiones más importantes sobre el destino de los multimillonarios contratos, y ello con gran poder discrecional y de la forma más arbitraria, y burlando o evadiendo los mecanismos de control existentes en Costa Rica.