Resumen
El tema de la rendición de cuentas y la transparencia administrativa, ha venido siendo recurrentemente discutido en los últimos quince años en el país, producto sobre todo -como ocurre siempre en Costa Rica- de influencias externas de organismos internacionales y tratadistas foráneos en forma de recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos como formas mayores de "solventar" los problemas de corrupción que llevaron a estos gobiernos a un endeudamiento y apropiación indebida por dictadores y gobernantes deshonestos, de muchos de esos recursos externos e internos a partir de la crisis fiscal y de financiamiento del gasto público que explotó en toda América Latina desde mediados de la década de los setentas. Desde entonces, muchos costarricenses han asumido dichos conceptos como esenciales, pero de maneras poco integrales y poco contextualizados precisamente en la cultura política nacional que todo lo mediatiza. El presente artículo demuestra que las muchas incursiones empíricas en estos campos no han generado un impacto significativo que en efecto hubiera confrontado y corregido esos vicios históricos de comportamiento sociopolítico e institucional. El artículo también demuestra cómo el país cuenta con un marco jurídico e institucional adecuado para una exigencia y rendición de cuentas efectiva si sólo los principales operadores políticos y tecnocráticos se decidieran a reconocerlo y a ejercitarlo en vez de darle la espalda consistente y recurrentemente.Comentarios
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