Abstract
En este artículo analizo la relación entre movimientos sociales de mujeres, justicia y la comunicación de nuevas formasde delito sexual corporativo en Argentina. El artículo focaliza en una dimensión fundamental de la vida política, la constitución
de la autoridad pública en relación al respeto por el sistema de derechos durante el proceso de instrucción de la causa
por violación seguida de muerte de María Soledad Morales en la provincia argentina de Catamarca en 1990 documentados
por la prensa. El análisis de las noticias de los diarios muestra que altos funcionarios del poder ejecutivo, de la policía y del sistema
judicial en lugar de contribuir con el esclarecimiento del crimen, colaboraron con las operaciones de encubrimiento de los miembros de la pandilla. En esta situación, la intervención del movimiento
de mujeres fue crucial para reconstruir los lazos sociales afectados por el crimen en términos de la soberanía de la ley. El movimiento cuestionó la complicidad de los miembros del aparato público con los
perpetradores y la sensación de desorden e impunidad que generaban las faltas de respeto por la ley. El análisis destaca que en el contexto de libertades y autonomía creciente las faltas de respeto por los derechos de las mujeres se relaciona tanto con los límites de lo político dentro de los estados republicanos democráticos
como con la crisis de soberanía del estado liberal en si.
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