Resumen
Las dimensiones política, jurídica, administrativa y conceptual que perfilan y condicionan la planificación presupuestaria costarricense, entendida esta última como el alineamiento de los presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo y a sus desagregaciones de segundo, tercer y cuarto grado; se constituyen en toda una panoplia que debe ser de conocimiento total por parte de las instancias del Poder Ejecutivo, empezando con el Presidente de la República (máximo administrador y gobernante nacional) y los Ministros de Planificación Nacional y Política Económica, y de Hacienda, hasta llegar a los encargados de Programas Presupuestarios. De igual manera, debe ser comprendida por el Poder Legislativo en todo su espectro (Plenario Legislativo, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, así como la Contraloría General de la República), con el objetivo de ejercer un adecuado control político-administrativo sobre el uso del que están siendo sujetos los limitados recursos públicos.