Resumen
En América Latina, el Estado es básicamente árbitro, con frecuencia sesgado, de relaciones familiares asentadas en desigualdades de género y socioeconómicas. La falta de vínculo entre el derecho de familia y políticas (re)distributivas que medien esas relaciones tienen dos consecuencias negativas. Primero, limita la efectividad de la acción estatal para lidiar con las pugnas distributivas por tiempo y dinero que tienen lugar actualmente en las familias. Segundo, compromete su capacidad de reducir desigualdades. Mejorar la efectividad estatal requiere ir más allá del derechod e familia para promover una transformación de las relaciones de género. Requiere además intervenir, apoyando a padres con inserciones laborales precarias, y a madres necesitadas de autonomía económica. El artículo desagrega un conjunto de medidas consistentes con asumir ese reto y concluye resumiendo las implicaciones que el hacerlo tendría para la igualdad socioeconómica y de género.